Es fácil agitar el cascabel, lo difícil es ponérselo al gato

Foto: ACN.

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La obsesión por acabar con la Revolución Cubana es una patología que se agrava con el devenir de los mandatarios norteamericanos, desde que intuyeron la posibilidad de la victoria de las fuerzas revolucionarias que luchaban en las montañas, hace más de 60 años, hasta la actualidad.

Cualquier mentiroso pretexto ha sido válido para exacerbar la política agresiva contra Cuba, materializada en las más variadas formas y con todos los recursos de que dispone Washington.

Precisamente, hoy se cumplen 15 años desde que los Estados Unidos (EE.UU.) presentara el informe de una llamada Comisión de Ayuda para una Cuba Libre, contentivo de disposiciones dirigidas a intensificar las sanciones políticas y económicas, con el fin de derrocar al Gobierno cubano.

El 6 de mayo de 2004 la Casa Blanca y el Departamento de Estado de los EE.UU. dieron a conocer, con gran despliegue publicitario, el referido mamotreto que contiene numerosas medidas para recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero, así como incrementar la subversión contra la Isla.

Entre otras, fueron instrumentadas nuevas restricciones a los viajes de ciudadanos norteamericanos a este país, a las remesas de los emigrantes cubanos a sus familiares y a los intercambios bilaterales en diversas esferas.

El presidente George W. Bush apoyó la estrategia contenida en dicho informe: asfixiar económicamente a Cuba, privando al país de los recursos que recibe por diversas vías.

Este es solo un ejemplo, en una interminable secuela de intentos, cada vez más desesperados, de rendir por hambre y privaciones a los habitantes de la mayor de las Antillas.

El más reciente, activar el Título III de la Ley Helms-Burton, ejecutado el pasado jueves 2 de mayo por el presidente norteamericano, Donald Trump, demuestra claramente la desesperación de la Casa Blanca, tras más de seis décadas de cotidianos fracasos.

La también llamada Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática es la compilación de cada una de las sanciones vigentes contra Cuba.

El Título III faculta a los estadounidenses, incluso quienes no tenían la ciudadanía norteamericana cuando fue promulgada la ley, para reclamar ante cortes de EE.UU. propiedades nacionalizadas por el Estado cubano, y demandar a compañías que se estén beneficiando de ellas.

Los mandatarios estadounidenses, desde Bill Clinton (1993-2001), habían dejado dormir ese engendro extraterritorial y anticonstitucional durante 21 años, conscientes de que no solo es
inaplicable, sino también el detonador de una natural reacción mundial, muy desfavorable para la nación norteña.

La Ley Helms-Burton es inaplicable, porque para hacerla cumplir tendrían que ocupar el país y establecer aquí la colonia descrita en sus títulos primero y segundo, lo cual no sucederá mientras haya un cubano vivo.

¿Permitiría usted que un señor con pasaporte norteamericano que vive en los EE.UU., de buenas a primeras, se convierta en dueño de la casa que usted ha levantado con sus propias manos, de la escuela donde estudió y ahora lo hacen sus hijos, y le exija millones de dólares en pretendidas compensaciones?

Es irrealizable, porque los gobiernos soberanos del resto del mundo defenderán los intereses de sus ciudadanos que invierten y negocian con Cuba.

Ya lo han dejado claro, en una declaración conjunta, la Unión Europea (UE) y Canadá, cuando anunciaron la decisión de impedir la ejecución de sentencias de tribunales norteamericanos contra empresas radicadas en sus respectivos territorios y, además, tomar medidas de respuesta adecuadas.

El documento, dado a conocer por la alta representante de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini; la comisaria de Comercio, Cecilia Malmström; y la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, expresa que “la Unión Europea y Canadá consideran que la aplicación extraterritorial de medidas unilaterales en Cuba son contrarias al Derecho Internacional, estamos determinados a trabajar juntos para proteger los intereses de nuestras compañías”.

Casi simultáneamente, la UE dio un nuevo paso en esa dirección, al rubricar varios acuerdos de cooperación con La Habana, en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Son convenios por un monto de 61,5 millones euros, en temas como seguridad alimentaria, energía renovable, cambio climático, modernización económica y cultura.

Por su parte, el Gobierno español, a través de la ministra portavoz, Isabel Celaá, prometió que “respaldará absolutamente” a sus empresas establecidas en Cuba.

El embajador de la UE en la Isla, Alberto Navarro, recordó a la prensa que ese bloque regional se ha dotado de una legislación antídoto, un reglamento del Consejo Europeo que asegura la protección de sus ciudadanos y empresarios.

Por otra parte, el Gobierno de México se manifestó en términos similares a los expresados por la UE y Canadá.

La Federación de Rusia, por medio de su viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Riabkov, aseguró igualmente que hará todo lo posible para ayudar a Cuba y Venezuela, frente a las absolutamente ilegales sanciones adoptadas por EE.UU.

Riabkov enfatizó que “Venezuela y Cuba son nuestros aliados en la región, nuestros socios estratégicos. Haremos lo posible para que perciban nuestro apoyo”.

La República Popular China, Portugal, Irán, Siria, la República Popular Democrática de Corea y otros países también se están expresando en respaldo a Cuba y a sus empresas con intereses en este país.

No obstante, la aplicación del engendro antijurídico repercutirá de forma negativa en la economía cubana.

Es probable que algunos empresarios se dejen intimidar y renuncien a los beneficios de la Ley de Inversión Extranjera y a las oportunidades de nuestra cartera de negocios.

¿Piensa el señor presidente que así va a doblegar la voluntad del pueblo cubano, como no lo han logrado 60 años de bloqueo, terrorismo y campañas de mentiras?

¿Cree que con esa medida ganará la simpatía del electorado norteamericano para conseguir una quimérica reelección?

Antes bien sumará otro descalabro en la política interna y externa de los EE.UU., y añadirá más lodo a su figura de político improvisado, irresponsable y mentiroso.

¿Podrá satisfacer las ambiciones de los cabecillas de la mafia anticubana, de los cuales es un lamentable rehén?

Tampoco, pues esos señores son insaciables y despiadados.

Ya han aparecido miles de supuestos dueños norteamericanos de nuestros puertos, aeropuertos, fábricas, hospitales, escuelas y barrios, al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton.

Conociendo de qué pata cojean algunos jueces y abogados en aquel país, nadie debe extrañarse de que emitan un aluvión de fallos a favor de pretendidos herederos de bienes en nuestra patria.

Pero, por mucho que agiten el cascabel, lo difícil es ponérselo al gato.

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