Asamblea para nominar candidatos. Foto: Cubadebate

Este viernes, como cada 15 de septiembre, se celebró el Día Internacional de la Democracia, instituido por Naciones Unidas para proporcionar “una oportunidad de examinar el estado de la democracia en el mundo”.

Este enunciado parece demasiado abarcador, pues la democracia se manifiesta de manera diferente en cada país o entidad, incluso en las propias Naciones Unidas, donde hay serios cuestionamientos.

Pero como Cuba está inmersa en un proceso eleccionario, la fecha es oportuna para una reflexión, y qué mejor que comenzar con la definición de democracia que ofrece la Real Academia: “Forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Doctrina política según la cual la soberanía reside en el pueblo, que ejerce el poder directamente o por medio de representantes”.

Otros diccionarios definen la palabra, por ejemplo, como “sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Régimen político basado en esta doctrina”.

Interesante el artículo de Wikipedia, el cual plantea, entre otras cosas, que es “una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía”.

No encuentro ninguna enunciación seria que adjudique el carácter democrático exclusivamente a la legislación particular de un país o que restrinja el significado a un patrón determinado.

Toda obra humana es perfectible y toda forma de gobierno es una obra humana, así que el sistema electoral cubano no es perfecto y los legisladores cubanos trabajan en la formulación de una nueva ley que lo rija.

Sin embargo, la actual ley electoral cubana se apega al concepto básico de democracia como pocas en este mundo, sobre todo por el carácter raigalmente popular del proceso, que comienza con la nominación de los candidatos directamente por los electores.

De ahí nace la natural transparencia del sistema, en el cual no tienen cabida influencias externas: ni partidos, ni donantes, ni otros intereses que no sean los de los propios votantes.

Incluso, los mismos candidatos no tienen más motivación que la oportunidad de servir a quienes los eligieron y, en cierta medida, la satisfacción que aporta el reconocimiento social de su valía.

No hay incentivos económicos ni materiales para los delegados y diputados cubanos, sino, por lo contrario, una carga extra de responsabilidades que deben asumir junto con las derivadas de su ocupación laboral y la atención a su familia.

Su accionar está expuesto permanentemente al escrutinio de los electores, a quienes deben rendir cuentas, dos veces al año, sobre la efectividad de su gestión.

La dirección colectiva de las instancias de Gobierno no deja espacio para el favoritismo o cualquier forma de corrupción económica y mucho menos política.

El reto que asumen los cubanos es siempre el de nominar y elegir sabiamente a la persona más capaz de representar sus intereses colectivos.

Es un desafío incrementado en el presente proceso eleccionario, cuando habrá una renovación generacional importante en el Estado y el Gobierno, mientras transcurre un profundo perfeccionamiento del sistema económico y social del país.

Y la elección de quienes dirigirán el municipio, la provincia y el país es privilegio constitucional de la ciudadanía cubana, por tanto, nadie puede decidir desde el exterior la forma en que se haga, ni mucho menos descalificar el proceso a partir de patrones ajenos.