Constitución de La Yaya. Grabado de la época
Si Cuba no tuviera hoy una constitución vigente, como de hecho la tiene, casi que bien podría regir sus destinos por la Carta Magna aprobada en la Asamblea de La Yaya, hace 121 años.
Así de buena era aquella ley de leyes, adoptada en el potrero de La Yaya, en Sibanicú, provincia de Camagüey, en plena Guerra de Independencia, y suscrita por los representantes democráticamente electos entre los combatientes.
Sus postulados básicos están recogidos en el Proyecto de Constitución que hoy se consulta a todos los cubanos.
Por supuesto, con las adecuaciones impuestas por el tránsito de más de un siglo de historia, desde una república en armas, restringida a las zonas liberadas del colonialismo español, hasta la actual nación libre y soberana, paradigma de independencia y empeñada en la construcción del socialismo.
El reto de aquel 29 de octubre de 1897 era vital para restablecer la unidad de las fuerzas revolucionarias; enfrentar las debilidades de algunos, quienes estaban dispuestos a renunciar a la independencia y conformarse con migajas de autonomía, y resistir las enormes presiones del Gobierno de los Estados Unidos, que veía con preocupación los avances mambises, pues ponían en peligro sus propósitos de apoderarse de Cuba.
Por eso, los constituyentes de La Yaya se negaron a aceptar conversaciones, acuerdos o pactos que no implicaran la total independencia.
La Asamblea de Representantes eligió el nuevo Consejo de Gobierno de la República, con el mayor general Bartolomé Masó Márquez como presidente y muy prestigiosos patriotas en los demás cargos.
Ese Consejo de Gobierno, en uso de sus facultades, nombró general en jefe al mayor general Máximo Gómez Báez, y lugarteniente general, al mayor general Calixto García Íñiguez.
Fue aprobada una nueva Constitución, que ratificó la forma de gobierno adoptada dos años antes en Jimaguayú; estableció los requisitos para ocupar los cargos de presidente y vicepresidente de la República en Armas, precisó las funciones de cada secretaría de gobierno y sus designaciones.
En sus 48 artículos, la Carta Magna configuró las bases de una república moderna, y consagró los derechos de ciudadanía, libertad individual, inviolabilidad de la correspondencia y el domicilio, libertad de opinión, expresión, reunión, culto y enseñanza, y el sufragio universal, entre otros.
Estableció que los cubanos pueden dirigir libremente peticiones a las autoridades, con derecho a obtener resolución oportuna.
Desde luego, como Constitución de la República en Armas, el texto instituyó la obligación de todos los cubanos de “servir a la patria con sus personas y bienes, de acuerdo con las leyes y según sus aptitudes”, y decretó el servicio militar “obligatorio e irredimible”.
La Carta Magna de La Yaya estructuró una moderna forma de gobierno, con todos los requisitos, diseñada para respetar, aun en situación de guerra, las bases democráticas y las atribuciones del poder civil, sin menoscabar la autoridad militar ni entorpecer su acción en pos del propósito fundamental de alcanzar la independencia.
Durante la asamblea, fue aprobado un manifiesto el cual subraya que, bajo cualquier nombre, forma y manera, la subsistencia de la dominación española en Cuba podría dar término a la contienda, que se quería la independencia absoluta e inmediata de toda la Isla de Cuba, y que solo con la victoria o con la muerte saldrían los mambises de Cuba libre.
Este documento fue leído a las tropas mambisas, que lo adoptaron como juramento.
La Constitución de La Yaya, la última concebida en el transcurso de la Guerra de Liberación Nacional, refleja el progreso en el perfeccionamiento de la institucionalización jurídica de la Revolución.
La intervención norteamericana en la guerra creó una difícil situación, pues los ocupantes desconocieron nuestra Ley de Leyes y comenzaron, de inmediato, a dictar órdenes militares que buscaban asegurar sus posiciones y beneficiar y estimular al capital inversionista y los negocios estadounidenses en Cuba.
Este proceder creó un caos en la vida ciudadana e institucional, pues mientras los ocupantes imponían nuevos órganos de gobierno, se mantenían instituciones políticas y jurídicas implantadas por el Gobierno español.
Para tratar de resolver esa incertidumbre legal e institucional, y acorde con lo dispuesto en la cláusula de reforma de la Constitución de la Yaya, comenzó a trabajar la Asamblea de Santa Cruz, que más tarde se trasladó al Cerro.
Ni la propia Asamblea, ni lo que allí fue acordado, recibió el reconocimiento de los norteamericanos, quienes continuaron desarrollando sus maniobras políticas para garantizar sus intereses neocoloniales.
Fue necesario continuar la lucha, durante otras seis décadas, para conquistar la verdadera independencia y hacer valer los principios de la Carta Magna mambisa.
Otros 60 años de duro batallar han sido necesarios para consolidar y defender lo alcanzado por la Revolución, y que hoy se resume en la Constitución Socialista de 1976 y en el proyecto de nueva Carta Magna, mientras esta última deberá ser la pauta para seguir trabajando, en pos de una sociedad igualmente independiente y soberana, pero mucho más próspera y sostenible.
