Concluye este 15 de noviembre la etapa de consulta popular del proceso de reforma constitucional en Cuba, que comenzó el pasado 13 de agosto.

Redactar una Constitución requiere de muchos conocimientos y de mucha ciencia, y la comisión que escribió el proyecto de nueva carta magna de la República de Cuba hizo un trabajo meritorio, de gran complejidad y calidad.

No se trata de una reforma parcial de la Constitución, sino de una nueva ley de leyes que preserva los principios rectores de nuestra sociedad socialista, pero amplía y perfecciona todo el articulado.

Cuentan los participantes que la redacción del proyecto no estuvo exenta de debates y divergencias y el resultado, aunque sea un texto constitucional que supera ampliamente la calidad de nuestras propias leyes fundamentales precedentes y esté al nivel de las mejores del mundo, es perfectible en muchos aspectos.

Así lo demuestra que prácticamente todos los artículos del documento han sido objeto de proposiciones de modificación, supresión o adición, durante las más de 112 mil asambleas de consulta, en las cuales participaron más de 7,3 millones de cubanos de todos los sectores sociales, desde los estudiantes de la enseñanza media, hasta los académicos de mayor rango; desde las amas de casa, hasta los trabajadores de la totalidad de las ocupaciones.

Por primera vez en un proceso de esta índole, fueron convocados a tomar parte activa también los cubanos que residen o trabajan en un centenar de países, en idénticas condiciones de quienes se encuentran en el territorio nacional, y masivamente se acogieron a ese derecho.

Y no fue una participación formal, rutinaria; muchos participantes analizaron el documento minuciosamente, redactaron sus proposiciones y las expusieron con interés real de ser escuchados y con argumentos.

Me consta, no solo porque lo afirman los organizadores, en cuya veracidad confío, sino también por haber sido partícipe o testigo de varias de esas reuniones.

Aún queda mucho camino por andar; todas y cada una de los más de millón y medio de intervenciones están siendo analizadas y consideradas por las comisiones territoriales y nacional de expertos.

Las que sean jurídicamente pertinentes, aun las planteadas por una sola persona, serán valoradas para incluidas en una nueva redacción del proyecto, elaborado por un grupo de legisladores y juristas, el cual deberá ser discutido y aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, antes de someterlo a referendo.

El primer resultado palpable de este proceso es una prueba inequívoca de que el pueblo cubano sigue confiando en la Revolución y dispuesto a tomar parte en la continuidad de la obra emprendida por la Generación del Centenario.

Ni casi 60 años de brutal guerra económica, financiamiento a la subversión, agresiones de todo tipo y la más feroz campaña mediática, han podido debilitar el apoyo popular al sistema sociopolítico que hemos adoptado, soberanamente, desde enero de 1959.

El debate popular servirá, desde luego, para elaborar una carta magna de gran perfección ya que reflejará la inteligencia y sabiduría de todo un pueblo, canalizada y organizada por un gran equipo de juristas de todas las ramas del Derecho, expertos en otras muchas disciplinas y legisladores.

Además, ha fortalecido la confianza de los cubanos en sus dirigentes que, una vez más, no temen poner en manos de las masas las decisiones vitales para el país.

Y muy importante, ha contribuido a fomentar la tan necesaria cultura jurídica de la población, y debe significar un perfeccionamiento consciente del acatamiento a la propia Constitución y a las leyes que de ella se deriven.

A propósito, la nueva carta magna, una vez ratificada en referendo y puesta en vigor, abrirá el camino para emprender una actualización y perfeccionamiento del ordenamiento jurídico, que debe impulsar y sustentar el avance del proceso de cambios socioeconómicos aprobados en el V y VI congresos del Partido Comunista de Cuba.

De cara al resto del mundo, esta reforma constitucional y, sobre todo, el proceso único e intachablemente democrático seguido para materializarla, es un poderoso desmentido al reiterado intento de construir una matriz de opinión que pinte a nuestro Estado como una “dictadura”.

¿Cómo puede ser un Estado autoritario el que ha desplegado, con este proceso, la democracia más participativa de la historia?