El Proyecto de Constitución que analizan los cubanos consagra los principios que han acompañado siempre a la Revolución: la defensa de la soberanía y la independencia de la Patria.
El respeto a la dignidad y ética de sus ciudadanos, la equidad, la justicia e igualdad social, el disfrute de la libertad política, la solidaridad, el humanismo, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva son también sus premisas.
El texto, además, ratifica los principios que sustentan la política exterior cubana y amplía su amparo constitucional.
Así, confirma que la República de Cuba basa las relaciones internacionales en el ejercicio de su soberanía y los principios antimperialistas e internacionalistas, en función de los intereses del pueblo.
El documento subraya la aspiración a una paz digna, verdadera y válida para todos, el respaldo al derecho internacional, en particular, a la igualdad de derechos, la integridad territorial, la independencia de los Estados, el no uso ni amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la cooperación internacional en beneficio e interés mutuo y equitativo, el arreglo pacífico de controversias en pie de igualdad y respeto y los demás principios proclamados en la Carta de las Naciones Unidas.
Condena, explícitamente, la intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos de cualquier Estado y, por tanto, la agresión armada, el bloqueo económico, comercial y financiero, así como cualquier otra forma de coerción económica o política.
El borrador de la nueva ley de leyes reafirma la voluntad de integración y colaboración con los países de América Latina y del Caribe, promueve la unidad de todos los países del Tercer Mundo y condena el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo u otras formas de sometimiento.
Para facilitar la integración latinoamericana y caribeña, sin renunciar a la soberanía, acepta atribuir a entidades supranacionales el ejercicio de las facultades requeridas, mediante tratados.
Según los expertos, muy pocas constituciones de otros países incluyen pronunciamientos tan claros y precisos sobre la protección y conservación del medio ambiente y el enfrentamiento al cambio climático.
Frente a la vieja, pero renovada y siempre feroz campaña de mentiras sobre el tema, el proyecto defiende y protege el disfrute de los derechos humanos y repudia cualquier manifestación de racismo o discriminación, no solo en el título dedicado a la política exterior, sino en todo el articulado referente a los derechos constitucionales, la familia, el trabajo y otros.
Igualmente, condena la xenofobia, en peligrosa espiral ascendente; rechaza la violación del derecho irrenunciable y soberano de todo Estado a regular el uso y los beneficios de las telecomunicaciones en su territorio, y califica de crimen internacional la guerra de agresión y de conquista.
No obstante, reconoce la legitimidad de las luchas por la liberación nacional y la resistencia armada a la agresión, así como considera un deber internacionalista solidarizarse con el agredido y con los pueblos que combaten por su liberación y autodeterminación.
Sin ambages, el texto legal propuesto promueve el desarme general y completo, rechaza la existencia, proliferación o uso de armas nucleares, de exterminio en masa u otras de efectos similares, y la ciberguerra, así como el desarrollo y empleo de nuevas armas, incluyendo las autónomas, que transgreden el Derecho Internacional Humanitario.
Lejos de la hipócrita manipulación de la lucha contra el terrorismo, que ha servido de pretexto para crímenes de lesa humanidad, el documento lo repudia y condena en cualquiera de sus manifestaciones, en particular, el terrorismo de Estado.
Defiende la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo sostenible; la cooperación de todos los Estados y la democratización del ciberespacio, al tiempo que condena su uso con fines como la subversión y la desestabilización de naciones soberanas.
Aunque distingue particularmente sus relaciones con los países que construyen el socialismo, mantiene relaciones de amistad con los que, teniendo un régimen político, social y económico diferente, respetan su soberanía, observan las normas de convivencia entre los Estados, se atienen a los principios de mutuas conveniencias y adoptan una actitud recíproca con nuestro país.
Hoy, cuando el Gobierno de los Estados Unidos proclama abiertamente su vocación hegemónica, la nueva Constitución cubana promoverá la multipolaridad en las relaciones internacionales.
A lo largo de todo el texto se integra el contenido de los tratados internacionales ratificados por la República de Cuba y se estipula, constitucionalmente, que esos preceptos estarán integrados a las leyes.
La República de Cuba no teme conceder asilo a los perseguidos por sus ideales o luchas por los derechos democráticos, contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, el neocolonialismo y cualquier otra forma de dominación, la discriminación y el racismo; por la liberación nacional; por los derechos y reivindicaciones de los trabajadores, campesinos, mujeres, estudiantes, indígenas y ambientalistas; por sus actividades políticas, científicas, artísticas y literarias progresistas y por el socialismo y la paz.
De acuerdo con lo publicado en diversos medios de prensa, y por nuestra propia experiencia de haber participado en varias asambleas de consulta, el título del proyecto referido a las relaciones internacionales ha recibido pleno respaldo de la ciudadanía.
Tampoco ha sido blanco de críticas por parte de académicos y analistas, como sí ha sucedido con otros títulos del documento.
Esa es una prueba más del apoyo abrumadoramente mayoritario de la ciudadanía a los principios básicos de la Revolución, no solo en política exterior, ya que en esos artículos se sintetiza, prácticamente, la orientación socialista de nuestra sociedad.
Y más, ratifica que los cubanos —y las cubanas, por supuesto—, seguimos con los pantalones bien puestos, desafiando al imperio y sin hacer concesiones de principios.
Por eso, el mundo nos reconoce y apoya, como se pudo apreciar, por vigésimo séptima ocasión consecutiva, durante el debate y la aprobación, prácticamente unánime, de la resolución cubana contra el bloqueo en Naciones Unidas.
