Seis décadas de genocidio y dos aniversarios

Foto: Archivo Radio COCO.

Foto: Archivo Radio COCO.

Este 31 de mayo se cumplen 55 años de que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos implantara la prohibición total de embarque de alimentos y medicinas a Cuba, dando inicio oficial al bloqueo.

Ello agravó las agresiones, que en la práctica habían comenzado con el triunfo de la Revolución.

Desde entonces, y hasta la fecha, el Gobierno norteamericano no ha cesado de incrementar y profundizar esa política genocida, abiertamente dirigida a causar hambre, enfermedades y desesperación a los cubanos, para forzar un cambio de régimen a favor de los intereses hegemónicos del imperio.

El bloqueo es el principal obstáculo al desarrollo de la economía cubana, y los daños acumulados durante casi 60 años ascienden a 933 mil 678 millones de dólares, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional.

En este más de medio siglo, también Washington ha alentado, financiado, dirigido e incluso, perpetrado directamente miles de acciones de sabotaje y atentados, que han costado la vida a tres mil 478 cubanos, y dos mil 99 quedaron incapacitados.

También hoy se cumplen 20 años de que fuera presentada ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo Popular la Demanda del Pueblo de Cuba al Gobierno de Estados Unidos por Daños Humanos, que exige la compensación por la suma de 181.100 millones de dólares por las irreparables pérdidas humanas.

Además, conmina al demandado a que públicamente se retracte por el daño moral del que han sido objeto tanto los familiares como las víctimas de los hechos narrados en dicha demanda.

Lejos de satisfacer estas obligaciones, el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha puesto en vigor el Título III de la inconstitucional Ley Helms-Burton, que autoriza a ex propietarios de bienes legalmente nacionalizados en Cuba a presentar demandas multimillonarias ante tribunales norteamericanos, por el uso de esas propiedades.

La autorización incluye a personas que no eran ciudadanos de ese país en el momento de la nacionalización, y a los que poseían bienes malversados que fueron expropiados en virtud de procesos legales.

Igualmente, en flagrante violación del Derecho Internacional, los títulos III y IV de la mencionada ley contemplan sanciones para ciudadanos y entidades de terceros países que negocian con la mayor de las Antillas, en un afán desesperado de asfixiar la economía cubana.

Durante más de medio siglo, el Gobierno de la nación norteña se ha negado a negociar con la Isla la indemnización a legítimos propietarios norteamericanos de bienes nacionalizados en territorio cubano.

Cuba ha reiterado que esa espuria legislación es inaplicable, pues habría que aniquilar al pueblo cubano y ocupar el país para ponerla en práctica, y los intentos de hacerla efectiva chocarán contra la muralla infranqueable del patriotismo de nuestro pueblo y de la solidaridad internacional.

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