Esta foto fue tomada a las 18:30 (hora local) de este 30 de julio. Foto: Granma.

En las redes sociales han aparecido por estos días denuncias de habaneros contra quienes en su afán de lucrar acaparan mercancías para revenderlas o han subido los precios a productos y servicios.

Una de las más recientes fue enviada al sitio web del Ministerio de Finanzas y Precios, la cual divulgó la página en Internet de Cubasí.

La misma se refería a un cartel en la barbería ubicada en Calzada, entre Paseo y 2, en El Vedado, municipio Plaza de la Revolución, en el que aparecía: “A partir del primero de agosto el pelado cuesta 50 pesos”.

El llamado de atención de Cubasí resaltaba que hasta el momento pelarse en ese local costaba solo 25 pesos, pero además a ese ni a ningún otro servicio se le han elevado los impuestos ni el costo de los insumos, la electricidad o el agua, para justificar el drástico incremento.

Lo peor era que la denuncia databa de una semana y aún el cartel permanecía en total desafío a los llamamientos emitidos por las más altas instancias del país, sin la actuación de las autoridades encargadas de velar por su cumplimiento, más cuando dicho establecimiento ocupa un local arrendado por el Estado y se supone que es objeto de supervisión.

La ministra de Fianzas y Precios, Meisi Bolaños, durante su intervención en el programa televisivo Mesa Redonda, había aclarado que se aplicarían mecanismos para evitar la especulación y que en esa tarea participarían las instituciones responsables de monitorear y revisar el comportamiento de los precios, tanto mayoristas como minoristas.

También mencionó que la población juega un rol clave, así como cada una de las entidades, los delegados del Poder Popular, presidentes de los consejos populares y las instituciones gubernamentales.

Con tal propósito se emitió la Resolución 302 del 2019, la cual establece las regulaciones para los precios de venta de los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias y otras formas de gestión no estatal.

La norma establece, asimismo, que estas personas no pueden incrementar los actuales precios y tarifas de sus productos y servicios con destino a las entidades estatales y a la población.

El documento, entre otras cosas, ratifica la facultad de los presidentes de los consejos de las administraciones provinciales del Poder Popular para establecer los precios y tarifas máximos a aplicar por estas figuras mencionadas anteriormente en sus respectivos territorios, y los hace responsables de crear los mecanismos de control pertinentes.

Finalmente, retomo las palabras del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, quien recalcó que “la Revolución no sería nada sin el pueblo, por lo que todas las medidas tendrán éxito si el pueblo las hace suyas, las defiende, y entiende que ninguno de nosotros puede tanto como todos nosotros juntos”.