Dilma Rousseff, Presidenta de Brasil, no solo está en apuros, sino que también figura en el ojo de la tormenta política derechista del llamado gigante suramericano.
La trama de corrupción detectada en la estatal Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), tras la operación Lava Jato, realizada en marzo de 2014, ha devenido un boomerang para la mandataria y para el propio Partido de los Trabajadores (PT), de gobierno.
Transcurrido más de un año y medio en que el gobierno de Dilma Rousseff acometió dicho operativo, continúan los arrestos e investigaciones sobre este esquema de corrupción, al cual no escapan directivos del PT.
En fecha reciente, el ministro brasileño de la presidencia, Aloizio Mercadante, aseveró que las investigaciones sobre dicha trama de corrupción en Petrobras impactan en la economía y causarán una caída de uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según un reporte de la agencia Prensa Latina.
Esto último constituye, de por sí, una mala noticia para la economía carioca, en franca recesión, lo cual generó el anuncio por parte de la Presidenta de un grupo de medidas para estimular las exportaciones, crear obras de infraestructuras valoradas en 64 mil millones de dólares y reorientar más del 30 por ciento de los recursos hacia programas de financiamiento, entre otros ajustes.
La Rousseff está obligada a jugar todas las cartas posibles si desea remontar la actual crisis y las protestas de una parte de los cerca de 40 millones de brasileños devenidos en clase media, mediante los programas de gobierno de Luis Inácio Lula da Silva y de su propio equipo de trabajo, algo que pudiera parecer contradictorio, pero que requiere ser estudiado a fondo. Lo cierto es que ese segmento poblacional accedió a un mayor consumo y ahora desea más.
Para colmo de males, la presidenta Dilma Rousseff se enfrenta a otros escollos no menos importantes, pues en Brasil se lleva a cabo otra investigación por supuestos hechos de corrupción contra la transnacional de la construcción Odebrecht, la cual asumió en Cuba la construcción del Puerto de Mariel, en la Zona Especial de Desarrollo del propio nombre, y la que constituye la mayor inversión que se acomete en la Isla.
El presidente de la que se considera la mayor compañía de ingeniería y construcción de América Latina, está acusado de haber depositado millonarias comisiones a gerentes de Petrobras, para adjudicarse obras de la empresa petrolera, de propiedad mayoritariamente estatal.
El escenario descrito, aunque es solo una exigua parte de la severa tormenta política existente en Brasil en torno al gobierno de Dilma Rousseff, obligará a la mandataria a hacer los ajustes necesarios para retomar la senda del crecimiento económico, con equidad social, asunto clave en el panorama de esa nación.
La dignataria tendrá que apelar a sus mejores armas y alianzas en materia de arquitectura política, para superar los intentos desestabilizadores de la derecha, cuyo propósito es deponerla, y para evitarlo “la voz de la calle tiene que ser escuchada”, como ella misma expresara en junio de 2013, cuando unas 250 mil personas salieron a las calles para protestar, en algunos casos de forma violenta, contra el aumento de las tarifas de los servicios públicos y el gasto para el Mundial de Fútbol 2014.
La evolución de los acontecimientos en curso en Brasil debe ser muy observada, dado el peso específico del gigante suramericano en la geopolítica de la región, pues posee el mayor PIB de Latinoamérica y el Caribe, y constituye la sexta economía a nivel mundial.
Además, Brasil integra el llamado grupo BRICS, compuesto también por Rusia, India, China y Sudáfrica. Dichos países están llamados a ser en el año 2050 las cinco economías más grandes del mundo, junto con Estados Unidos.

