Base Naval de Guantánamo convertida en prisión ilegal y centro de tortura. Diseño: Gilberto González García

El IV Seminario Internacional de Paz y por la Abolición de las Bases Militares Extranjeras concluyó este miércoles con un acto popular y la lectura de la declaración final en Caimanera, un poblado de la oriental provincia de Guantánamo, muy cercano a la ilegal base naval norteamericana que ocupa un pedazo de territorio cubano contra la voluntad del pueblo y el gobierno de la mayor de Las Antillas.

El cierre de Guantanamo Bay es una de las condiciones indispensables para una futura normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos.

Fue una de las lesiones a la soberanía cubana impuestas mediante la Enmienda Platt, una ley del Congreso de los Estados Unidos que lastraba a la Constitución de la República a principios del siglo XX, bajo la amenaza de que, si no era aceptada, la isla permanecería ocupada militarmente.

En diciembre de 1903, el gobierno norteamericano tomó posesión de ese territorio “hasta que lo necesitaren”, mediante un abusivo tratado sin fecha de caducidad.

Desde entonces y durante más de medio siglo, la base fue centro de estímulo a la prostitución, el juego y las drogas, y de un abierto intervencionismo.

Desde el triunfo de la Revolución, en 1959, ha sido fuente de provocaciones y agresiones, tanto de las tropas del enclave como de contrarrevolucionarios que se refugiaron allí, muchos de ellos después de cometer crímenes y otras fechorías.

En 1961 personal de la base asesinó a golpes a un obrero cubano y menos de un año más tarde fue secuestrado, torturado y asesinado un humilde pescador.

Dos soldados cubanos resultaron muertos en 1964 y 1966, respectivamente, por disparos realizados desde esa instalación norteamericana.

Desde ese enclave han sido cometidas muchas violaciones de los espacios: aéreo, marítimo y terrestre cubanos, e incontables provocaciones, tales como disparos, lanzamiento de piedras, ofensas y otras.

Los ejercicios de las tropas norteamericanas han provocado daños ecológicos irreparables al entorno, incluso han estacionado allí submarinos nucleares.

Violando hasta el propio ilegal tratado, la base fue convertida, en 1994, en campamento de refugiados, en gran parte haitianos, y aún se utiliza ocasionalmente para eso.

Para colmo, en 2002, el gobierno de los EE.UU. estableció allí una ilegal prisión y centro de tortura donde han sido recluidos centenares de “sospechosos” de diversos países en condiciones infrahumanas y la mayoría sin que siquiera se le hayan formulado cargos.

La cárcel fue ubicada en ese lugar porque el tratado para el arrendamiento dice que Cuba tiene la soberanía sobre la base, pero los EE.UU. tienen la jurisdicción y el control total, o sea, técnicamente, es territorio soberano de Cuba, pero los norteamericanos pueden hacer allí lo que se les antoje.

La administración de George W. Bush usó ese argumento para justificar que los tribunales estadounidenses no tengan jurisdicción sobre las acciones del ejecutivo en ese territorio. Así, supuestamente, podía hacer lo que quisiera a los prisioneros sin ninguna revisión legal.

Bajo la enorme presión internacional, el actual presidente norteamericano, Barack Obama, se comprometió a cerrar esa cárcel, pero el Congreso se lo ha impedido sistemáticamente.

Por ejemplo, el Congreso adoptó, hace 15 días, una ley en la que vuelve a prohibir al Pentágono utilizar fondos para transferir a territorio estadounidense a detenidos en dicha cárcel hasta el 31 de diciembre de 2016, lo cual hace evidentes las maniobras destinadas a impedir que el presidente cumpla ninguna de sus promesas.

Incluso Obama se vio obligado a firmar, el miércoles, la ley de defensa de 2016 que, entre otras disposiciones, prohíbe el cierre de la prisión de Guantánamo, pero dijo que continúa con su plan de clausurarla.

Sin embargo, en todas estas pulseadas, no está planteado el cierre de la base ni la devolución del territorio a Cuba.

Cierto que el tratado no tiene límite de fecha, pero la práctica del Derecho Internacional establece que, en ese caso, caduca al cumplir 100 años de vigencia, fecha ya ampliamente superada.

Desde el punto de vista militar, la base ha perdido casi toda su importancia. Ya no son necesarias las carboneras y los puntos de aprovisionamiento para las modernas embarcaciones pueden estar mucho más distantes de las costas de los EE.UU.

No cumple ningún propósito de defender intereses norteamericanos en Cuba, pues ya esos intereses no existen y, cuando pudieran volver a existir, nadie se atrevería a defenderlos con las armas.

Como elemento de presión militar contra la libre determinación del pueblo cubano, el último medio siglo ha demostrado su ineficacia.

El costo de mantenerla es enorme y totalmente injustificado.

La base está ahí, sencillamente, porque el gobierno de los EE.UU. se niega a reconocer el derecho de Cuba a recuperar la soberanía sobre esos 117,6 kilómetros cuadrados de su inalienable territorio.

Cuba sigue asumiendo una actitud firme y serena, no se desespera. Las máximas autoridades cubanas han reiterado, en múltiples oportunidades, que no aceptarán ninguna negociación con respecto a este territorio ilegalmente ocupado que no sea la retirada incondicional de las tropas extranjeras allí acantonadas contra la voluntad expresa del pueblo de Cuba.

Tampoco Cuba emprenderá ninguna acción de fuerza para intentar recuperar sus legítimos derechos y esperará, pacientemente, a que la justicia se imponga.

Eso sí: no habrá normalidad en las relaciones entre Cuba y los EE.UU. mientras permanezca ese ofensivo enclave extranjero en tierra cubana.