
Foto: Revista Bohemia.
Desde hace algunos días es noticia que los Estados Unidos decidió prorrogar por 30 días la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, que abre la posibilidad de que entren en litigio propiedades que fueron nacionalizadas por el Gobierno cubano en los primeros años de la Revolución.
¿Se imaginan que de pronto intervengan la escuela, el círculo infantil de su hijo o hija, porque pudo ser propiedad de un ciudadano estadounidense antes de 1959? Pues crea que esto es imposible, pues la mencionada ley es totalmente inconstitucional y, por tanto, sin ninguna validez en Cuba.
Tal y como ha asegurado el periodista y experto en temas de relación entre Cuba y Estados Unidos, Lázaro Barredo, a la luz de los principios del Derecho Internacional, la Carta de Derechos Económicos de los Estados dispone que toda nación tiene derecho a nacionalizar, expropiar o transferir la propiedad de bienes extranjeros pagando una compensación apropiada, teniendo en cuenta sus leyes y reglamentos.
Las nacionalizaciones cubanas fueron hechas bajo el amparo de la Ley 851, y a partir de sus efectos se propusieron acuerdos de compensación con varios países, incluidos los Estados Unidos, España y Alemania, entre otros.
Con cada uno de ellos se llevaron a efecto dichas compensaciones, no así con los Estados Unidos, pues se negaron a la fórmula compensadora propuesta por la mayor de las Antillas.
¿Para qué está escrita la Ley Helms-Burton? Las razones quedan claras en las palabras de Johana Tablada, subdirectora de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, en declaraciones a la prensa.
Un secreto a viva voz es que el macabro fin de esta política vejatoria e injerencista de Estados Unidos hacia Cuba es acabar con el Gobierno revolucionario y el proyecto de país que se quiere construir; el pasado 24 de febrero apoyamos rotundamente la nueva Constitución de la República.
Cuba tiene el derecho de construir su futuro, de defender el modelo social, político y económico que quiere su gente, de ahí que no se dará tregua a agresiones ni intervenciones que atenten contra el deseo de todo un pueblo.

