Los ejecutores directos y los autores intelectuales de tantos crímenes merecen recibir el peso de la justicia, además de quienes los encubren, alientan y utilizan dentro de las propias fronteras, pero hay otros culpables del otro lado del muro. Foto: Yelemny Estopiñán Rivero

Los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en la ciudad de Iguala, México, el 26 de septiembre, todavía guardan esperanzas de que aun vivan los jóvenes, pese a que dos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos han confesado haber asesinado a 17 de ellos.

Mientras, las investigaciones están poniendo al descubierto decenas de cadáveres en fosas clandestinas y un complejo entramado, en que se confunden carteles de traficantes de narcóticos, de armas y de personas, con policías y políticos corruptos.

Más allá de los informes oficiales, las versiones de prensa y los reclamos de los familiares y la población sobre el hecho en sí, aflora la terrible situación que vive ese hermano país, asolado por la violencia, la corrupción y la pobreza.

Leyendo fríamente las noticias, uno pudiera pensar que gran parte de la población mexicana es incapaz de progresar económicamente, quizás por desidia, y que los mexicanos son, quizás por naturaleza, violentos e inmisericordes. Nada más lejos de la verdad.

La maldición de México siempre ha sido su ambicioso y despiadado vecino del norte, comenzando por aquella guerra de conquista de mediados del siglo XVII, mediante la cual los Estados Unidos le arrebataron un inmenso territorio, el que hoy ocupan los estados de Arizona, California, Colorado, Nuevo México, Nevada, Utah y parte de Wyoming, además de dejar el resto del país en un deplorable cuadro económico.

Para no hacer larga la historia, diremos que, después de la Segunda Guerra Mundial, los sucesivos gobiernos mexicanos adoptaron políticas económicas y sociales que permitieron el progreso paulatino de la nación.

La protección arancelaria, la producción para el mercado interno y la sustitución de importaciones permitieron reducir la inflación, lograr índices de crecimiento estables, e incluso altos (6,5 por ciento, promedio en la década de 1970), y una balanza de pagos equilibrada.

Pero, a partir de la década de 1980, los gobiernos mexicanos, siguiendo presiones de los EE.UU., introdujeron un modelo económico neoliberal, con la liberalización comercial y financiera, la privatización de la economía, la desregulación de los mercados y su apertura ilimitada al exterior, entre otras tendencias que condujeron, de inmediato, a la desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), que llegó a ser negativo (-2,4 por ciento en 1982-83) y alrededor del dos por ciento en los años siguientes.

Para esa fecha, México había vendido 80 por ciento de su industria.

Se perdieron los encadenamientos productivos; la invasión de productos extranjeros (mayoritariamente norteamericanos), arruinó a los productores locales; la balanza de pagos pasó a presentar saldos negativos; se redujeron las oportunidades de empleo y perdieron valor los salarios reales.

En esta situación, llegaron los Estados Unidos, a bombo y platillo, con su Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor el primero de enero de 1994.

Como se dice, más de lo mismo. La cura fue peor que la enfermedad: México fue absorbido por geoeconomía de los Estados Unidos, como dijo el analista mexicano Alfredo Jalife-Rahme, citado por la agencia Reuters: “Washington manejará la riqueza petrolera y gasífera mexicana, su seguridad nacional y las telecomunicaciones”.

El empobrecimiento de la población agravó el viejo problema de los emigrantes ilegales hacia los Estados Unidos. Es un fenómeno natural, aunque cíclicamente alentado o reprimido por los empresarios al norte del río Bravo, según sus necesidades de fuerza de trabajo barata, libre de derechos, y es un pretexto siempre a mano para ejercer presión sobre México.

Todo esto, y mucho más, que sería demasiado largo de contar aquí, se traduce en más pobreza, menos educación, menos oportunidades, más desempleo y, a fin de cuentas, el perfecto caldo de cultivo para la delincuencia.

Súmese a ello lo indispensable: un mercado para la “exportación” de todo tipo de drogas, receptor del tráfico humano y expendedor de las armas que son consustanciales a estos negocios. ¿Cuál mercado? ¡Vaya pregunta!

Luego, la gota que colma la copa: políticos corruptos, para quienes los estudiantes pueden ser muy desagradables si se manifiestan en las calles y denuncian ciertas verdades, policías al servicio de esos políticos y todos ellos, en contubernio con los jefes de bandas de criminales.

Cuando desaparecen decenas de estudiantes y comienzan a aparecer decenas de cadáveres en cementerios particulares, todo el mundo culpa a los pandilleros mexicanos, pero pocos apuntan con el índice al norte.

Los ejecutores directos y los autores intelectuales de tantos crímenes merecen recibir el peso de la justicia, además de quienes los encubren, alientan y utilizan dentro de las propias fronteras, pero hay otros culpables del otro lado del muro.