Migrantes cubanos a su arribo a México. Foto: EFE
Todo parece indicar que más de siete mil ciudadanos cubanos, varados en Centroamérica, por fin podrán cumplir su voluntad de viajar a los Estados Unidos, a través de un “corredor humanitario”, pero, ¿qué pasará después?
El uso politizado de la emigración cubana está a punto de crearle una situación verdaderamente difícil al gobierno de los Estados Unidos, como ya ocurrió en un par de ocasiones en el pasado, pero esta vez, en un contexto diferente y quizás, más complejo.
Un amigo me comentaba que la Ley de Ajuste Cubano y la política a través de la cual se aplica, la conocida por “pies secos-pies mojados”, se parecen a una práctica de los gobernantes del Imperio Romano, quienes ofrecían la vida y la libertad a esclavos o condenados a muerte, si lograban atravesar, inermes, la arena del circo, atestada de fieras hambrientas.
En efecto: muchos cubanos, privados de ciertas oportunidades del desarrollo -precisamente por el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos a la economía cubana-, son atraídos por el “sueño americano” y por los exclusivos beneficios de la ley que les permite, solo a ellos, ser acogidos de inmediato, obtener enseguida ayuda económica, permiso de trabajo y la residencia en suelo norteamericano.
Pero para alcanzar tales privilegios, tienen que exponer sus vidas en el peligroso cruce del Estrecho de La Florida; o en la no menos riesgosa peregrinación a lo largo de Centroamérica -en ambos casos, a merced de traficantes sin escrúpulos-; o cometer graves delitos, como el secuestro de aeronaves o embarcaciones.
Todo ello, para desvirtuar una emigración tan natural como cualquier otra, impulsada por motivaciones económicas, de reunificación familiar o de simple preferencia, y presentarla como un éxodo por persecución política, con la complicidad de poderosos medios de comunicación que etiquetan a los migrantes cubanos como “exiliados”, y no dicen que emigran, sino que “huyen” de Cuba.
Esa emigración se ha multiplicado, desde diciembre de 2014, ante el temor de que el proceso hacia una eventual normalización de las relaciones entre ambos países implique, como sería natural, la eliminación de los privilegios a los emigrantes cubanos, quienes quedarían a merced de las mismas despiadadas reglas que aplican los Estados Unidos a los procedentes de cualquier otro país.
El manejo que está dando el gobierno norteamericano a la muy publicitada situación de las últimas semanas, cuando ese y otros factores fortuitos confluyeron para “varar” en Costa Rica a miles de ciudadanos cubanos, sirve para revelar la similitud con la citada práctica de la antigua Roma: ellos podrán ser admitidos en los Estados Unidos solo si cruzan la frontera por tierra firme.
Si se completa la solución humanitaria propuesta y defendida por Costa Rica, aun al costo de duras asperezas políticas en la región, tendrá la gran virtud de librar de graves riesgos a esas más de siete mil personas, pero ya plantea serios retos.
Un corredor humanitario, a lo largo de todo el continente, ¿será la vía “normal” para los cubanos que deseen emigrar a Norteamérica de ahora en lo adelante?
¿Lo permitirán todos los gobiernos del área?
De ser así, ¿admitirán los Estados Unidos a todos los cubanos que utilicen esa vía expedita?
¿Habrá corredor humanitario para los cientos de miles, quizás millones, de emigrantes de otros países que también quieren entrar a los Estados Unidos cada año?
Por supuesto, la respuesta a todas esas preguntas es un rotundo ¡NO!
Un camino relativamente fácil y poco riesgoso para los cubanos que deseen radicarse en los Estados Unidos borraría la imagen propagandística del éxodo político, dejando sin sentido a la Ley de Ajuste Cubano, cuyo costo monetario ya es difícil de justificar ante el contribuyente norteamericano.
El Estado de La Florida ya alertó que las altas cifras de migrantes sobrepasarán su capacidad de admisión.
Sin embargo, el gobierno de la nación norteña ha reiterado que no será derogada la Ley ni dejará de ser aplicada la absurda y tristemente célebre política que la complementa.
En tanto, ya el lobby anticubano del Congreso había coqueteado, en los últimos meses, con la posibilidad de reformar el texto legal, con la clara intención de asustar a los aspirantes a migrar y crearle problemas al presidente Barack Obama.
El martes, Marco Rubio, precandidato presidencial republicano -pretendidamente “cubanoamericano” y furibundo enemigo del país donde nacieron sus padres-, ya introdujo en el Senado un proyecto para condicionar algunos beneficios que otorga la Ley.
Al propio tiempo, el también republicano Carlos Curbelo presentó el texto en la Cámara de Representantes.
“Es particularmente indignante -explicó Rubio, senador por La Florida-, cuando los individuos que dicen venir huyendo de la represión en Cuba y se les permite obtener asistencia federal en base (SIC) a su situación, vuelven al mismo lugar del que afirman estar huyendo”.
Es una pena que este señor haya demorado décadas en “enterarse” de que los emigrantes cubanos no son perseguidos políticos.
En consecuencia, si se aprueba la norma propuesta, que restringe los beneficiarios solo a quienes “huyen de la persecución política”, de hecho, a la Ley le quedaría solo “el casco y la mala idea”, como reza el dicho popular, porque no habría a quién aplicarla.
A no ser que Rubio y compañía vayan a poner una fabriquita de “perseguidos políticos”, financiada por los contribuyentes norteamericanos.
