Momentos en que la derecha saca del Parlamento venezolano la foto del eterno Comandante Hugo Chávez Frías. Foto: Internet
La mayoría derechista de la asamblea venezolana ya enseñó las uñas, con el retiro de las imágenes del Libertador, Simón Bolívar, y del Comandante Hugo Chávez en el Parlamento.
Quizás se podría entender, hasta cierto punto, que esos declarados enemigos de la Revolución quitaran el cuadro de Chávez, pero renegar de Bolívar sobrepasa todos los límites de la cordura y pone en evidencia su intención de entregar hasta la propia independencia del país.
La acción recibió un enérgico rechazo de miles de caraqueños, en un acto de desagravio, en el Cuartel de la Montaña, donde descansan los restos de Chávez, y se anunció que las imágenes de ambos próceres inundarán las calles y plazas del país.
Relata el periódico Granma que, “desde el inicio de la propia jornada inaugural, la representación de la mayoría opositora atentó contra la constitucionalidad, al intentar la juramentación de diputados previamente anulados”.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), impugnó a cuatro representantes, tres de ellos de la derecha y uno del Gran Polo Patriótico, por irregularidades durante el proceso electoral.
“Por su parte, el bloque de parlamentarios revolucionarios confirmó el apego al orden legal, al excluir de su representación al diputado invalidado y acudir con sus 54 nombres debidamente electos”, precisa el rotativo.
Sin embargo, la bancada derechista juramentó, el miércoles 6 de enero, a los tres diputados de la oposición elegidos en el estado Amazonas, violando abiertamente la Constitución, por lo cual, según recordó el diputado Diosdado Cabello, desde este momento, ninguna decisión de ese órgano tendrá validez, lo cual deja al país sin poder legislativo.
Valiéndose de su mayoría, la derecha postuló y aprobó la nueva junta directiva encabezada por el ultraderechista Henry Ramos Allup como presidente del Parlamento, y Enrique Márquez y Simón Calzadilla, como primer y segundo vicepresidentes, respectivamente.
La junta comenzó su accionar en la Asamblea con la meta de retirar de la presidencia de la república a Nicolás Maduro, en seis meses como máximo, quien respondió: “Será el pueblo quien decida, con la Constitución en la mano”.
El nuevo presidente parlamentario convocó a sesiones ordinarias para elegir las comisiones que estudiarán diversas medidas, incluidas acciones en busca de una salida anticipada de Maduro, elegido en abril 2013 por seis años.
Ramos Allup reiteró que la llamada Mesa de la Unidad Democrática se propone, en seis meses, instrumentar “un sistema para cambiar el gobierno por vía constitucional”, que pudiera ser un referendo revocatorio cuando Maduro cumpla en abril la mitad de su mandato, una reforma constitucional o una Asamblea Constituyente.
Pero no les será fácil, dado el creciente respaldo popular al Gobierno y los complejos procedimientos legales para esas opciones, que incluyen la potestad del TSJ, capacitado para dirimir las discrepancias en el parlamento.
Aunque la derecha tiene mayoría calificada de tres quintas partes en el cuerpo legislativo, que la habilita para censurar y destituir funcionarios, no la faculta para acortar el período presidencial.
Un experto en temas electorales, Eugenio Martínez, explicó a la prensa que para convocar un referendo revocatorio se necesitan las firmas del 20 por ciento (3,9 millones) del padrón electoral, recolectadas en tres días y con huellas digitales; y para remover a Maduro, el apoyo de más de 7,5 millones, que lo eligieron en 2013.
La Asamblea Constituyente y la enmienda constitucional deben ser aprobadas mediante referendo convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La derecha enfrenta también divisiones internas, en las facciones encabezadas por el golpista Leopoldo López, actualmente en prisión por su responsabilidad en las acciones violentas (las “guarimbas”), que causaron la muerte a 43 personas, y el grupo que sigue al excandidato presidencial Henrique Capriles.
Los diputados de la bancada derechista promueven de igual forma una amnistía para López y otros 74 promotores de los disturbios de 2014, acción que vetará el presidente.
Entretanto, los aliados externos de la contrarrevolución contribuyen, con sus declaraciones, a revelar el verdadero rostro de la oposición venezolana.
El precandidato republicano a la Casa Blanca Marco Rubio pidió al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sancionar a quienes intentan “sabotear” el resultado de los comicios parlamentarios del 6 de diciembre en Venezuela.
Rubio acusó al gobierno venezolano, sin presentar evidencia alguna, de que “no tiene intención de aceptar los resultados de las legislativas”, de estar “manipulando el sistema judicial para bloquear a algunos parlamentarios electos” y de intimidar a otros “al bloquear su entrada en la Asamblea Nacional”.
John Kirby, portavoz del Departamento de Estado norteamericano, planteó que Washington está preocupado por “la controversia que rodea la toma de posesión de algunos representantes electos”, y llamó a encontrar “una resolución de esta disputa de manera transparente y que refleje las preferencias de los votantes venezolanos”.
En respuesta, Delcy Rodríguez, la canciller venezolana, escribió en su cuenta de Twitter que “el Departamento de Estado estadounidense no abandona sus prácticas ilegítimas y violatorias del Derecho Internacional en su injerencismo contra Venezuela”, exigió respeto a la soberanía de su país y recomendó a esa instancia “atender con urgencia los graves problemas de violencia racial en Estados Unidos”.
Por su parte, la cancillería costarricense emitió un boletín en el cual señala su “preocupación” por el uso del recurso contencioso de revisión del resultado electoral, como un “instrumento que impediría la proclamación oficial de cuatro diputados electos y, eventualmente, la continuidad del trabajo legislativo”.En respuesta, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela publicó un documento que rechaza “el insolente e inaceptable comunicado de la cancillería de Costa Rica” y afirma que “constituye una violación flagrante y deliberada tanto del Derecho Internacional como de principios expresamente consagrados en la Carta de Naciones Unidas”.
El expresidente colombiano Andrés Pastrana (1998-2002), quien asistió a la investidura de los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional, por invitación de los derechistas, pidió que cualquier país del continente requiera a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que investigue si el gobierno de Venezuela viola o no la Carta Democrática Interamericana.
En declaraciones a la emisora caraqueña Unión Radio, pastrana aseguró que en Venezuela ocurren “violaciones de los derechos humanos” y pretendió justificar su injerencia con el supuesto de que el desabastecimiento de alimentos y medicinas en Venezuela también “afectará a Colombia”.
Los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, y de Paraguay, Horacio Cartes, se sumaron a la campaña de la derecha venezolana por la excarcelación de los promotores de las “guarimbas”.
Mientras la oposición dedica sus esfuerzos a revertir la revolución bolivariana y obliga al Gobierno a ocuparse de enfrentar sus maniobras, el país sufre las consecuencias de los bajos precios del petróleo, fuente de más de 90 por ciento de sus recursos económicos, con las secuelas de fuerte contracción económica, enorme inflación, serio desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos básicos.
No obstante, Maduro ha nombrado un nuevo gabinete, creó dos nuevos despachos, el ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera y el ministerio de Agricultura Urbana, y presentó al parlamento un plan de recuperación económica, el cual, sin duda, será saboteado por los legisladores de la derecha.
En una entrevista de la televisora estatal, el presidente dijo que se debe construir “un modelo que promueva reglas de juego claras para la inversión privada, mixta y que pueda convertir al aparato económico socialista del Estado en motor eficiente productor de riquezas, bien administrado, bien gestionado”.
El líder de la bancada chavista, el diputado Héctor Rodríguez, explicó a la emisora local Unión Radio la necesidad del decreto de emergencia económica, pero advirtió que “en líneas generales, la Asamblea Nacional no va a ser sencilla, va a ser compleja”, y auguró que “va haber un foco de tensión, eso debemos reconocerlo, procesarlo y saberlo administrar”.
