Migrantes cubanos en Ecuador. Foto: Efe
Unos hombres que esperaban el ómnibus en una parada de La Habana comentaban acerca de 63 cubanos, algunos de los cuales fueron repatriados desde Ecuador, tras haber escenificado protestas en reclamo de facilidades para viajar a los Estados Unidos (EE.UU.).
Uno de quienes hablaban del tema sostenía con vehemencia que el responsable del problema es el presidente de Ecuador (cuyo nombre no supo mencionar), por no dejarlos seguir su camino: “Total, ese no es su problema”, dijo.
El comentario denota una evidente ignorancia y, sin embargo, coincide, no en la letra, pero sí en el espíritu de muchos despachos de prensa que circulan sobre el asunto.
En primer término, hay que aclarar que esos cubanos no son, en esencia, migrantes, pues, de acuerdo con las leyes de Cuba y Ecuador, la gran mayoría son simples ciudadanos cubanos de visita en aquel país, cuya estancia sería totalmente legal y normal, de no ser porque han causado disturbios.
Y sí, es un problema concerniente a cualquier gobierno que unos ciudadanos extranjeros pretendan ingresar ilegalmente a un país vecino desde su territorio soberano, violando las fronteras, como ya lo han hecho miles de cubanos que pasaron de Ecuador a Colombia, y de allí a Centroamérica, en su afán de viajar a EE.UU.
Aun así, estos “aspirantes a emigrantes” ni siquiera pretenden traspasar subrepticiamente el límite fronterizo, sino algo mucho más atrevido e iluso.
Ellos quieren que el gobierno mexicano les otorgue una visa humanitaria y que las autoridades ecuatorianas los envíen, por avión, a México, desde donde cruzarían la frontera con los EE.UU., amparados en la Ley de Ajuste Cubano y la política de “pies secos – pies mojados”, que establecen facilidades extraordinarias y exclusivas a los cubanos para ser admitidos en aquel país.
“Es un caso sui géneris, inusitado”, dijo Guillaume Long, canciller de Ecuador, al explicar que “no están solicitando quedarse en Ecuador, sino que piden ir a México y después a EE.UU., en un traslado aéreo, y evidentemente el gobierno ecuatoriano no puede estar participando de esta migración ilegal a través de la trata de personas o estar involucrado en tráfico de personas proporcionando aviones”.
Además, Long señaló que el gobierno mexicano “ha sido muy claro en que no iba a otorgar estas visas” para los cubanos. “No hay una solicitud de refugio, sino que hay una solicitud de que les facilitemos, les demos aviones para que puedan aterrizar en México y si es que es en Estados Unidos qué mejor (…) Es una petición un poco difícil de poder satisfacer”.
Desde luego, la verdadera y principal raíz del problema (aunque no la única), radica en la mencionada Ley Pública 89-732, “The Cuban Adjustment Act”, en español Ley de Ajuste Cubano, aprobada el 2 de noviembre de 1966 por el Congreso norteamericano, la que permite al Fiscal General, “a su discreción y conforme con las regulaciones que él pudiera prescribir”, ajustar el estatus migratorio que tenían muchos cubanos que se encontraban en ese país de forma irregular.
Desde su aprobación, este instrumento legal ha sido utilizado para politizar la emigración, eminentemente económica, de los ciudadanos cubanos hacia los EE.UU.
El carácter discrecional de la autoridad que confiere la ley al Fiscal General se desconoce por completo y, en la práctica, basta presentar un documento de identidad cubano, así sea falso, para obtener, automáticamente, la condición de “refugiado político”, los beneficios económicos correspondientes, el permiso de trabajo y el derecho a recibir la residencia legal, al año y un día, sin requisitos importantes.
Para reforzar la mentira de que esos emigrantes “huyen” de Cuba, y con el fin de aportar dramatismo mediático al asunto, fue adoptada la política de “pies secos – pies mojados”, una evidente y absurda incongruencia con el supuesto motivo humanitario de la ley, pues discrimina a los migrantes por el hecho de que hayan podido o no poner sus pies en tierra firme del territorio de los EE.UU., sin considerar los motivos de su viaje, ni sus antecedentes, ni los posibles delitos relacionados con la forma en que llegan hasta allí.
Al respecto, el jefe de la diplomacia ecuatoriana expresó: “Hay que desmontar todo este aparataje que de alguna manera es parte del bloqueo a Cuba”.
Pero hay más motivos para lo que ocurre con ese grupo de cubanos, y derivan de la percepción de exclusividad que les permite suponer una capacidad especial para imponer su voluntad a las autoridades ecuatorianas y mexicanas, mediante el chantaje.
La solución humanitaria adoptada por los gobiernos de Costa Rica, Panamá y México ante las recientes crisis de cubanos varados en fronteras centroamericanas deben haber sido un estímulo para que ese grupo intentara una atrevida escalada en el procedimiento de la emigración ilegal, pero fueron demasiado lejos.
Si Ecuador y México accedieran a sus descabelladas exigencias, estarían sentando un nefasto precedente.
El canciller ecuatoriano reiteró que la inmensa mayoría de los ciudadanos cubanos que se encuentran varados en Quito salieron legalmente de Cuba, y no son perseguidos políticos. Los que no tienen una situación legal en ese país suramericano, están siendo repatriados, como establecen las leyes y la práctica internacional, y porque Cuba accede a recibirlos de regreso.
Al propio tiempo, la Embajada de Cuba en Ecuador ratificó que aquellos ciudadanos cubanos que hayan salido legalmente del país y cumplan con la legislación migratoria vigente tienen derecho a retornar a Cuba, sí así lo desean, y reitera que, como lo ha venido haciendo desde un inicio, continuará apoyando a los ciudadanos cubanos que deseen regresar a su patria.
Y quienes mantienen la legalidad de su estatus y opten por permanecer en Ecuador, por supuesto, tendrán que abstenerse de violar las leyes ecuatorianas, o deberán asumir las consecuencias.
Alguna prensa cómplice de los intereses anticubanos se apresuró a calificar de “violento” el desalojo de los cubanos que ocupaban el parque El Arbolito, aunque no se ha reportado por ninguna vía que estos hayan sufrido alguna consecuencia.
Se sabe que, por haber nacido y haberse criado en Cuba, donde se desconoce la represión policial violenta desde hace casi 57 años, esas personas no toman en cuenta las consecuencias que puede tener desafiar a la autoridad en cualquier otro país, pero si aspiran a vivir en los Estados Unidos, deberían irse haciendo a la idea, pues allí no les permitirían ninguna “malacrianza”.
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