El tratado de permanente dependencia neocolonial

Diseño: Gilberto González García.

Diseño: Gilberto González García.

Si la Enmienda Platt fue la cadena atada al cuello de la naciente República de Cuba, el Tratado Permanente de Relaciones era “tirar la llave del candado”.

El Gobierno de los Estados Unidos había logrado imponer la humillante enmienda a la Constitución cubana, bajo la amenaza de la ocupación militar permanente del país, si no era aprobado el apéndice neocolonial.

Pero la Enmienda Platt era solo una percha en el proyecto de Ley de los Presupuestos del Ejército, aprobado por el Comité de Asuntos Cubanos del senado norteamericano.

Era, además, una afrenta insoportable para el pueblo de la mayor de las Antillas, y podría ser derogada, en una futura reforma constitucional, cuando las condiciones lo permitieran.

Por tanto, la propia enmienda contenía una cláusula, la octava, donde se establecía: “Que para mayor seguridad en lo futuro, el Gobierno de Cuba insertará las anteriores disposiciones en un Tratado Permanente con los Estados Unidos”.

El 22 de mayo de 1903, el entonces presidente de la República de Cuba, Tomás Estrada Palma, firmó el Tratado Permanente de Relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, que sentaba las bases jurídicas para garantizar la inamovilidad de los artículos de la Enmienda Platt.

“Fue la formalización de las relaciones de dependencia y subordinación política delineada por el imperialismo durante el período de ocupación militar de la Isla (1899-1902) y que el gobierno sumiso de Estrada Palma se encargó de cumplir al pie de la letra”, precisa Narciso Amador Fernández Ramírez en su artículo publicado por el sitio web Cubadebate.

En realidad, para el Gobierno cubano de entonces era prácticamente imposible tomar una decisión independiente y soberana, cuando las cañoneras norteamericanas estaban listas para intervenir —como de hecho lo hicieron— al antojo de la Casa Blanca, amparada en el Artículo III de la Enmienda Platt:

“Que el Gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos puedan ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la Independencia cubana, el mantenimiento de un Gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual y para cumplir las obligaciones que con respecto a Cuba han sido impuestas a los Estados Unidos por el tratado de París y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por él”.

De paso, es importante fijarse que los títulos I y II de la Ley Helms-Burton, firmada por el presidente William Clinton el 12 de marzo de 1996, detallan minuciosamente la total dependencia de un hipotético Gobierno cubano impuesto por Washington y el brutal despojo de que sería objeto Cuba.

Se trata de una modernización y ampliación del articulado de la Enmienda Platt, refrendado, al pie de la letra, por el Tratado Permanente de Relaciones de 1903.

Este contenía, además, la prohibición al Gobierno cubano de decidir con quién establecer convenios internacionales (Artículo I), u obtener préstamos exteriores (Artículo II), sin la aprobación de los Estados Unidos.

Convalidaba y protegía los actos realizados por el gobierno militar norteamericano y “todos los derechos legalmente adquiridos a virtud de ellos” (Artículo IV).

El Artículo V era particularmente insultante, pues presentaba a Cuba como un peligro potencial de epidemias para la población norteamericana y los Estados Unidos se adjudicaban la potestad de evaluar y decidir las acciones de sanidad en el país.

El Artículo VI pretendía desconocer la soberanía cubana sobre la Isla de Pinos (hoy municipio especial Isla de la Juventud), con el fin de apoderarse de ella, mediante “un futuro tratado”.

El Artículo VII tiene consecuencias que perduran hasta la actualidad, pues establece la ocupación de “las tierras necesarias para carboneras o estaciones navales”, en virtud del cual los Estados Unidos usurpa un pedazo del territorio cubano en la bahía de Guantánamo.

El 29 de mayo de 1934, a tenor de la Política del Buen Vecino proclamada por Franklin Delano Roosevelt, fue firmado un nuevo tratado de relaciones cubano-estadounidenses, que mantenía la mayoría de los preceptos del anterior, excepto el derecho de intervención en la Isla.

Desde el primero de enero de 1959, con el triunfo de la Revolución, ni el Gobierno de los Estados Unidos ni de cualquier otro país extranjero tiene jurisdicción en Cuba, y ninguna ley aprobada por otro Gobierno tiene validez alguna en el territorio nacional.

¡Se acabaron los tiempos de los apéndices constitucionales, de los tratados impuestos y las leyes con efectos extraterritoriales!

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