Los trabajadores de Servicio Comunal realizan labores de saneamiento, mediante acciones integradas y planificadas para la recogida sistemática de los desechos sólidos. Foto: TV Camagüey

El reordenamiento de la política económica y social de Cuba, a partir de principios ineludibles de formación ética y política, pretende hoy propiciar la elevación del nivel de vida de sus más de 11 millones de habitantes.

Al respecto el documento base de la Resolución del Partido y la Revolución, aprobado en abril de 2011, promueve la necesaria reflexión que se ejercite para garantizar la higiene comunal, la eliminación de las indisciplinas sociales, así como la exigencia de mayor organización y control de la administración pública para el cuidado y embellecimiento de las comunidades.

Por ejemplo, la actual multiplicación de basureros en áreas de los 15 municipios de La Habana, constituye una de las contravenciones de la legislación vigente referida al ornato público, que ocasiona desaliento e incomodidad a buena parte de los cubanos anhelantes de la justicia ciudadana.

Los trabajadores de Servicio Comunal realizan labores de saneamiento, mediante acciones integradas y planificadas para la recogida sistemática de los desechos sólidos, pero su éxito es obstaculizado por la acción cotidiana de los transeúntes que descuidan la limpieza de calles, avenidas y áreas comunes públicas.

Muchas veces la actitud negligente se justifica por la limitada disponibilidad técnica de camiones colectores de basura y contenedores distribuidos por los principales pueblos y ciudades del país, pero la realidad apunta hacia la creciente insensibilidad de la población, con prácticas facilistas que tienden a reafirmar el egoísmo, no tolerable en una sociedad socialista.

Es así como aumentan los micro vertederos por la acumulación de hojarascas y desechos sólidos, mientras numerosas personas no se cohíben de arrojar restos de alimentos, recipientes plásticos o de cristal y contrario a la cultura moderna que debería prevalecer en el presente siglo, sin autorización también se realizan holocaustos de frutas y animales muertos en sitios de acceso público.

Para proteger el patrimonio urbanístico y medio ambiental, existen decretos leyes que sancionan a los infractores, entre ellos el 123, con multas entre cinco y diez pesos, muy inferiores al poder adquisitivo actual, sobre todo de quienes trabajan en negocios por cuenta propia, razón por la cual es lógico preguntarse por qué no se aplica con mayor rigor lo establecido para preservar la higiene y el bien colectivo.

Recordemos, entonces, que no basta que las autoridades competentes realicen con eficiencia su labor, también es un deber ciudadano contribuir al bienestar de la sociedad desde la íntima convicción de crecer en una mentalidad de desarrollo que involucra a muchos.

Por ello surge la interrogante: ¿Qué es mejor, la aplicación de la Ley para justicia o el convencimiento individual para bien de todos?