Viviendas entregadas a los albergados en el 2012. Foto: Habana Radio
Un movimiento constructivo más eficiente prevé la terminación de mil 500 viviendas este año, con vistas a eliminar el hacinamiento actual de La Habana.
Basta caminar por algunas de las más transitadas zonas de la urbe de casi 500 años de fundada, para apreciar el deterioro arquitectónico actual que según estadísticas oficiales refieren por cada centímetro cuadrado viven 59 personas, fundamentalmente en los municipios Habana Vieja y Centro Habana, donde funcionarios y habitantes apostan por restituir la funcionalidad habitacional.
El gran desafío presente es producir y comercializar mayor cantidad de materiales de la construcción que, bajo la supervisión de los Consejos de Administración Municipales, ofrezcan mejores probabilidades al sector estatal y particular, de acuerdo a nuevas formas de gestión contempladas en la legislación vigente.
Sin embargo, aún constituye tema prioritario la exigencia por el cumplimiento de los planes de ejecución, pues aún falla el engranaje que proporcione sistemáticamente los recursos necesarios y la eficiencia laboral requeridos para garantizar la calidad de las reparaciones, así como también el incremento de las ventas de los materiales de la construcción en La Habana.
Según lo establecido por la política económica y social del Partido y la Revolución, las labores de mantenimiento y conservación del fondo habitacional deberán estar supeditadas a la planificación, tiempo y efectividad de las ejecuciones constructivas para no pagar por la mala calidad, tal y como lo reitera en sus disposiciones el Consejo de la Administración Provincial.
Por ejemplo, dar un salto en la cantidad y mejoramiento de las condiciones del plan de rehabilitación y construcción de nuevos edificios, también demanda mayor compromiso social mediante el empleo de tecnologías que ahorren materiales, recursos energéticos y fuerza de trabajo, que por su grado de especialización y complejidad no pueden ser asumidos individualmente.
Otros aspectos precisan que la Unidad Inversionista de Materiales de cada localidad, deberá velar por el estatus legal de la vivienda, el buen oficio del arquitecto de la comunidad y el pago requerido en empresas constructivas para evitar el éxodo laboral, de acuerdo a los pronunciamientos recogidos de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Es de esta forma que la legalidad deberá ser asumida con responsabilidad ciudadana y por los funcionarios encargados de viabilizar los trámites que permiten también hoy la compraventa de viviendas entre personas naturales y la transferencia de propiedad, entre otras vías que facilitan la solución de la actual demanda habitacional en la capital.
