Urge organizar en cada uno de los municipios y provincias el sistema arquitectónico, urbanístico y constructivo para así garantizar la disciplina y belleza de nuestras calles, barrios y ciudades. Foto: Cubadebate

El enfrentamiento a las ilegalidades en el sector estatal y particular, es una tarea compleja pero necesaria hasta lograr el reordenamiento urbanístico deseado en Cuba.

Según trascendió en la Mesa Redonda de la Televisión Nacional, este es el momento de comenzar a aplicar la ley con rigor, sin extremismos pero adecuándose al momento histórico que demanda hoy más orden, disciplina y exigencia, debido al resquebrajamiento de la urbanidad en los últimos años en el país.

El licenciado Serapio Guerra Morales, vicepresidente del Instituto de Planificación Física (IPF), estimó oportuno recordar el lineamiento 120 de la resolución del Partido y la Revolución, aprobado durante el Congreso partidista en abril de 2011, en el cual se establece y cito:

“Se elevará la calidad y la jerarquía de los planes generales de ordenamiento territorial y urbano a nivel nacional, provincial y municipal, su integración con las proyecciones a mediano y largo plazo de la Economía y con el Plan de Inversiones, tomando en consideración los riesgos sísmicos y otros desastres naturales, Garantizar la profundidad, agilidad y plazos de respuesta en los procesos obligados de consulta, rescatando la disciplina territorial  y urbana”.

De ahí la importancia de que los Consejos de la Administración Municipal, actúen como centro coordinador y fiscalizador de enfrentamiento a las violaciones de la ley, priorizando las entidades estatales antes de las personas naturales, siempre con acción firme, sin evadir los problemas, pero con respeto y humanismo.

Existen regulaciones para los permisos y licencias, así como también para las multas y demoliciones; pero es necesario promover el conocimiento de estos temas, contar con el apoyo de los medios de prensa, las organizaciones de masas y políticas, antes de aplicar lo legislado, pues el objetivo es definir dónde y cómo construir.

Y es que la seguridad del patrimonio en Cuba requiere del esfuerzo de toda la sociedad, porque el  proceso de educación popular es el primer eslabón de una cadena en el que decir y hacer tendrá sus resultados.

En cada uno de los territorios del país se actualizan los planes de urbanización en los cuales coinciden intereses gubernamentales, personales, económicos, sociales, culturales y patrimoniales. Foto: Mesa Redonda

La aplicación de un régimen jurídico, tiene sus peculiaridades en la construcción y ampliación de viviendas, en la modificación de fachadas, jardines, cercas, calles y espacios públicos.

El IPF está adscrito al Ministerio de Economía y Planificación, por lo que en su expresión cotidiana, son múltiples los servicios de atención ciudadana que brinda para apoyar los programas de desarrollo, que deben favorecer además las acciones dirigidas a la eliminación de las barreras arquitectónicas y el otorgamiento de nuevas licencias de construcción.

Ante el resquebrajamiento por más de 50 años de negligente crecimiento de actitudes irresponsables, ahora es importante entender que las ilegalidades hay que enmendarlas, mediante la cotidiana exigencia y control de una disciplina que asegurará la existencia decorosa de los residentes en Cuba.

Al andar las calles de La Habana el caminante tropieza en cada esquina con las debilidades del sistema de enfrentamiento y control urbanístico. Foto: Mesa Redonda

Aunque cada año crecen las multas por las violaciones de la población en materia constructiva, no disminuyen estos casos, sino que muy al contrario aumentan al pasar el almanaque. Foto Mesa Redonda